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El Heraldo: Historia de la crisis

Posted by Ricardo en 30 junio 2009 14:15

Desde El Heraldo, de Tegus. Está claro quién es el golpista:

En materia legal, la encuesta y cuarta urna están enterradas, son ya un triste pasado en la memoria de los hondureños.

La finalidad era derogar la Constitución de la República, en un proyecto del Poder Ejecutivo que surgió en el presente año.

La referida encuesta era el principio del camino a dar un zarpazo a la carta magna. Sin embargo, por mandato judicial la encuesta fue declarada ilegal, pero Manuel Zelaya prosiguió con el proyecto y pretendió que los hondureños fueran cómplices de tal irregularidad.

El proyecto se originó en el último año del gobierno de Zelaya, lo que confirmó sus pretensiones continuistas.

El gobierno emitió, el 23 de marzo de 2009, el decreto PCM-005-2009 a fin de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizara, el 28 de junio, una encuesta mediante la cual se le preguntaría a la población si quiere que en las elecciones nacionales de noviembre se instale una cuarta urna para decidir si se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente.

Paradójicamente, fue hace un mes cuando en Casa Presidencial se informó que, producto de una movilización de ministros al interior del país, se recabaron unas 400 mil solicitudes para la emisión del decreto que ya se había emitido en marzo.

Para el Ministerio Público (MP), ese proceso es ilegítimo, entre otros aspectos porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el único facultado para hacer encuestas o consultas con fines políticos.

Lo más irregular es que el fin último de la encuesta y la cuarta urna era derogar la Constitución de la República para crear un nuevo sistema de gobierno.

En el pasado mes de abril ,un grupo de juristas del gobierno le advirtió en un estudio al Presidente que la consulta era ilegal y que por lo tanto el MP estaría facultado a interponer acusaciones por el delito de abuso de autoridad.

Proceso legal

Dadas estas circunstancias, el MP interpuso, el pasado 8 de mayo, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, una demanda de nulidad contra el decreto PCM-05-2009.

Cuatro días más tarde, el juez titular de dicho órgano jurisdiccional, Jorge Zelaya Zaldaña, admitió la demanda bajo el expediente número 151-2009.

En vista de que el MP solicita en el escrito que se admita la demanda con suspensión del acto impugnado, es decir que se suspenda la encuesta del último domingo de junio, el juzgado inició un proceso por separado para emitir una sentencia sobre este incidente.

En este proceso, la Procuraduría General de la República (PGR), en calidad de representante legal del Estado, presentó ante el juzgado su pronunciamiento avalando la petición del MP de que se suspenda la encuesta.

Ante esta posición de la PGR, el juzgado resolvió emitir sentencia admitiendo la demanda con suspensión del acto impugnado.

Acto seguido, el 12 de mayo, el juzgado admitió la demanda con suspensión de acto impugnado, es decir que dejaba sin efecto la encuesta, mientras se pronunciaba definitivamente sobre la petición del MP.

Como estrategia, el Ejecutivo anunció la creación del decreto PCM-019-2009, en el que se deja sin efecto el decreto PCM-05-2009.

El PCM-019-2009 se publicó hasta el miércoles 25 de junio, en cumplimiento a una petición del juzgado para que explicara cómo aplicar la sentencia que suspende la consulta.

Más trama

La artimaña siguió el 26 de mayo cuando el gobierno emitió el decreto PCM-020-2007, en que nombra el sondeo como “encuesta de opinión” y asegura que ahora el ejercicio es legal porque el INE sí puede levantar encuestas de cualquier tipo, utilizando como base la Ley de Participación Ciudadana, aunque en los considerandos no hace referencia a esta norma.

Atendiendo una petición del MP, el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo aclaró los alcances de la sentencia que suspende la consulta.

Expuso que, de igual forma, se suspende cualquier resolución que se emita o se haya emitido orientada a que se lleve a cabo la ilegal encuesta el último domingo de junio.

Con ello se dejaron sin valor y efecto los decretos PCM-019, el PMC-20 y el PCM-027, este último que facultaba a las Fuerzas Armadas a custodiar la encuesta, emitidos por el Ejecutivo en Consejo de Ministros.

En reacción, el presidente Manuel Zelaya envió al menos 40 abogados al juzgado para presentar solicitudes de escritos de personamiento para formar parte del proceso judicial. Las solicitudes fueron declaradas sin lugar por el juzgado y posteriormente por la Corte de Apelaciones del Juzgado de lo Contencioso.

Esta instancia judicial confirmó la sentencia que emitió el juez Zelaya, en el sentido de suspender la encuesta.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo libró comunicación a entidades del gobierno y a las FF AA notificando sobre el contenido de la sentencia y ordenándoles que se abstuvieran de apoyar la encuesta por ser ilegal, advirtiendo que la omisión de la sentencia implica la deducción de responsabilidades penales.

Sin embargo, el presidente Zelaya y sus ministros hicieron caso omiso a la sentencia emitida por la autoridad competente, lo que puso en precario el estado de derecho y la estabilidad del sistema democrático.

La iniciativa provocó la reacción de rechazo en el pueblo hondureño, que se fue a las calles a exigir paz, vivir en democracia y respeto a la Constitución.

Asimismo, rechazaron los fines continuistas de Manuel Zelaya, que pretendía legalizar con la encuesta y cuarta urna.

Un principio establecido en la Constitución es que nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales y, sobre el particular, “Mel” pretendió obligar a las FF AA a apoyar una encuesta que fue declarada ilegal por la autoridad competente.

El gobierno no se echó para atrás y mandó a traer la urnas a El Salvador y luego las depositó en bodegas de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH).

Como el Presidente no logró que el Ejército obedeciera la orden ilegal de custodiar la encuesta, llegó el jueves pasado con una turba a la FAH para sacar las urnas, pese a que ese material fue dejado en depósito por la Fiscalía.

La noche del jueves 25 informó en cadena nacional el despido del jefe de Estado Mayor Conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, además de que aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana.

En solidaridad con Vásquez, también dimitieron el jefe de la FAH, Luis Prince; el jefe del Ejército, Miguel Padgett; y el jefe de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez.

En respuesta, el MP interpuso ante la Sala Constitucional, de la CSJ, un recurso de amparo contra la destitución de Vásquez, argumentando que el despido es arbitrario al violentársele garantías constitucionales. Otro demanda similar interpuso el abogado Manuel Mazariegos.

Por unanimidad, los magistrados de la Sala Constitucional, con el respaldo del pleno de la CSJ, resolvieron admitir los dos amparos con suspensión del acto reclamado, lo que deja sin valor la destitución de Vásquez y ordena la restitución en el cargo.

El gobierno publicó el miércoles 25 de junio, en el diario La Gaceta, el decreto PCM 020-2009 para “legalizar” la encuesta, que al final fue abortada por la detención de Manuel Zelaya y el decomiso del material por parte de las Fuerzas Armadas.

* Manuel Zelaya, en Consejo de Ministros, emitió el decreto para legalizar la encuesta y cuarta urna.

* El MP interpuso ante el juzgado una demanda contra el decreto; una sentencia suspendió la encuesta.

Crisis unió al pueblo hondureño en una causa

La defensa de la Constitución, el estado de derecho y la democracia tienen miles de actores. Miles de hondureños elevaron su voz de protesta contra el proyecto del Poder Ejecutivo de llevar a cabo una encuesta e instalación de una cuarta urna en las elecciones generales para derogar la carta magna.

La crisis sirvió para que ciudadanos, organizaciones, iglesias, instituciones como el Poder Judicial, Congreso Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, sector empresarial, Colegio de Abogados, reservistas militares, estudiantes y analistas, entre otros, se unieran para defender la Constitución y la democracia.

Las manifestaciones públicas se registraron a diario; la última, la del pasado viernes, fue la más multitudinaria.

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